50 toneladas incautadas: Fiscalía y PDI Ñuble desarticulan mayor red de venta ilegal de medicamentos en Chile

La Fiscalía Regional de Ñuble y la PDI de Chillán desarticularon una agrupación criminal dedicada a la venta ilegal y clandestina de medicamentos, incluidos fármacos controlados por la Ley 20.000 como clonazepam, alprazolam y tramadol. El operativo permitió incautar 50 toneladas de productos farmacéuticos, la cifra más alta registrada en Chile.

En el procedimiento se detuvo a 20 personas en Ñuble, Biobío y la Región Metropolitana, tras un despliegue que involucró a 150 detectives y 32 allanamientos en viviendas y bodegas. Entre lo incautado destacan $100 millones en efectivo, 13 vehículos y 200 ampollas de fentanilo.

La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando la Fiscalía de Análisis Criminal identificó un punto de venta en el sector La Pérgola del Mercado Central de Chillán. Desde allí, los imputados vendían los fármacos, alertaban sobre fiscalizaciones y trasladaban medicamentos a bodegas para evadir controles.

“La identificación de ese punto permitió seguir la ruta del delito y detectar proveedores regionales y nacionales”, explicó la fiscal regional Nayalet Mansilla. El análisis de teléfonos interceptados y cuentas bancarias permitió identificar varias estructuras criminales conectadas, incluyendo proveedores en Santiago.

El prefecto inspector Enrique Zamora señaló que algunos detenidos son dueños de droguerías de la RM que operaban sin autorización del ISP, abasteciendo a vendedores de distintas regiones. Además, el ISP confirmó que esta incautación es la mayor del país y advirtió que la venta ilegal de fármacos atenta contra la salud pública.

Las autoridades valoraron la denuncia ciudadana que dio origen a la investigación y el apoyo de los municipios de Chillán y Chillán Viejo, junto con Carabineros.

Doce imputados fueron formalizados por tráfico y asociación ilícita, y ocho por microtráfico y comercio ilegal. Los líderes quedaron en prisión preventiva. El Juzgado de Garantía fijó cinco meses de plazo investigativo.

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