Cámara aprueba proyecto de Martínez y Bravo que exime a maquinaria agrícola de nueva normativa ambiental y evita impacto en productores.

La iniciativa ingresada por el representante de Ñuble suspende la aplicación de dicha medida, que obligaba a los agricultores a adquirir tractores de un costo mucho más elevado.

Por 84 votos a favor, una abstención y sólo tres en contra, esta semana la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que a fines de agosto presentaron los diputados UDI por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez y Marta Bravo, para eximir a todas las maquinarias de uso agrícola -como los tractores- de las nuevas normativas ambientales queentrarán en vigencia a contar de mediados de este mes en el país y que, según advierten, podrían impactar gravemente en los pequeños y medianos productores.

Cabe recordar que ambos parlamentarios ingresaron dicha iniciativa -junto a otros integrantes de su bancada- a raíz del Decreto 39 que publicó el Ministerio del Medio Ambiente en octubre de 2021, que estableció que en un plazo de 36 meses comenzarían a aplicarse las nuevas normativas ambientales en el país, las que hacían referencia a las emisiones máximas permitidas en el sector.

En esa línea, una de las mayores preocupaciones que manifestaron los agricultores fue que dicha exigencia los obligaría a adquirir maquinarias con un estándar más elevado, las que -en promedio- cuestan entre un 30 y un 40%más de lo normal, afectando principalmente a los pequeños y medianos productores, considerando que el 80% de los tractores que se comercializan en el país son para ellos.

Por lo mismo, la Cámara Baja le dio luz verde al proyecto que presentaron los representantes de Ñuble, que suspenderá la aplicación de la nueva normativa ambiental para los tractores y las maquinarias de carácter silvoagropecuario, al menos hasta que se termine de actualizar el decreto.

“Es muy importante que el Congreso haya dado una señal en beneficio de los pequeños y medianos productores, que durante los últimos años se han visto gravemente afectados por una serie de situaciones que han ocurrido en nuestro país, como los incendios forestales, inundaciones, plagas y la escasez hídrica entre otras. La agricultura viene atravesando por un momento absolutamente complejo, de tal manera que era inexplicable que, además de todo ello, se les aplicara esta norma que hubiese impactado directamente en sus costos. Por eso valoramos la rápida aprobación que tuvo en la Cámara Baja y esperamos que el Senado avance en la misma línea”, manifestaron los UDI.

Asimismo, Martínez y Bravo valoraron que el Ejecutivo se comprometiera a respaldar los cambios, anunciando también que propusieron extender la entrada en vigencia de la normativa para enero de 2030, considerando que el próximo 21 de octubre debía comenzar a aplicarse para la agricultura.

Esto -a juicio de ambos diputados- no sólo evitará que los pequeños y medianos productores, al igual que la agricultura familiar campesina, se vean en la obligación de adquirir tractores que son mucho más costosos, sino que también impedirá que lo anterior termine encareciendo otros productos.

“Lo que ahora esperamos es que este proyecto continúe avanzando lo más rápido posible, porque además sabemos que el impacto ambiental en la agricultura es muy inferior en comparación con otros sectores, como el industrial o incluso el residencial”, indicaron los diputados Martínez y Bravo.