ONG Defensa Ambiental denuncia ante Contraloría graves falencias en el proceso sancionatorio de la SMA.

El Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, representado por la ONG Defensa Ambiental, presentará este miércoles 27 de noviembre una denuncia formal ante la Contraloría General de la República por irregularidades detectadas en el proceso sancionatorio llevado a cabo por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra los responsables del proyecto Embalse Punilla.

La denuncia alerta sobre graves anomalías como retrasos injustificados en el procedimiento, manipulación de documentos del expediente sancionatorio y ocultamiento de información clave durante dos años. Según los denunciantes, estas acciones vulneran principios básicos del derecho administrativo como la probidad, la transparencia y la eficacia, beneficiando indebidamente al proyecto pese a sus impactos sociales y ambientales.

“Nos parece sumamente grave cómo se ha manejado el proceso sancionatorio relacionado con los desalojos forzosos de 2018”, declaró Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental. “Estas irregularidades han impedido que las comunidades ejerzan sus derechos y han otorgado privilegios a la empresa y al Ministerio de Obras Públicas”, añadió.

Un proyecto cuestionado
El Embalse Punilla, destinado a ser el segundo más grande de Chile, afecta a las comunas de San Fabián y Coihueco, con la inundación de 1.700 hectáreas y el desplazamiento de más de 90 familias. Además, amenaza la Reserva de la Biosfera de Ñuble y el hábitat del huemul, una especie en peligro de extinción, mientras genera impactos negativos en el turismo y la biodiversidad local.

Expectativas
Con esta denuncia, las comunidades esperan que la Contraloría investigue a fondo las irregularidades y establezca responsabilidades administrativas. Asimismo, hacen un llamado a priorizar los derechos de las personas y la protección del medio ambiente frente a proyectos de alto impacto como este.

El proceso sancionatorio de la SMA, iniciado en 2021 y aún sin resolver, podría derivar en sanciones concretas si se confirman las irregularidades. Las comunidades afectadas exigen justicia y una revisión exhaustiva del proyecto que garantice un enfoque más humano y sostenible.