Chao Spam: Diputada Bravo respalda proyecto que prohíbe a las empresas realizar llamadas publicitarias sin el consentimiento de las personas.

La representante de Ñuble advirtió que entre los años 2020 y 2023 aumentaron en más de un millón los reclamos que recibió el Sernac producto de este tipo de contactos telefónicos.

La diputada por la Región de Ñuble e integrante de la comisión de Ciencias de la Cámara Baja, Marta Bravo (UDI), respaldó este martes un importante proyecto de ley que busca terminar con todas las llamadas y mensajes publicitarios que constantemente reciben los usuarios, los que han ido en permanente aumento en el último tiempo y que han generado la molestia de millones de personas.

Al respecto, la parlamentaria gremialista advirtió que mientras en 2020 el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 84 mil reclamos por llamadas de este tipo, en 2023 superaron las 1,2 millones de quejas, lo que da cuenta de que este tipo de práctica continúa aumentando en el país.

Por lo mismo, la representante del Distrito 19 decidió respaldar una iniciativa que le garantiza a todos los usuarios que no seguirán recibiendo llamados o mensajes publicitarios de algún proveedor o empresa de la cual no hayan dado su consentimiento, permitiendo así que las compañías que sí obtengan la autorización de alguna personapuedan continuar contactándolas ofreciendo su servicio.

“Una de las imprudencias que se ha convertido en una constante en nuestro país son las llamadas publicitarias que se dedican a realizar las empresas que ofrecen algún tipo de servicio. Estamos hablando de que, en algunos casos, pueden ser hasta más de diez las llamadas que recibe una sola persona, alternando gravemente su diario vivir. Incluso, muchos han optado por dejar de contestar llamadas que provienen de números desconocidos, por el permanente hostigamiento, pero terminan corriendo el riesgo de no atiendan un contacto que sí pueda ser importante”, recalcó Bravo.

En ese sentido, la diputada explicó que el proyecto crea un nuevo derecho en la Ley del Consumidor, para que justamente se requiera de la autorización de la persona para que pueda ser contactado.

Para lo anterior, se determinará que cualquier comunicación promocional o publicitaria “deberá contar con el consentimiento previo, expreso y específico del destinatario”, la que -según indica la propuesta- tendrá que manifestarse a través de una declaración escrita o un medio electrónico.

Pero además, se establecerá que una vez iniciado el llamado, la empresa en cuestión no podrá solicitar en dicho momento la autorización del usuario, como también se dejará en claro que el consentimiento no estará asociado a la firma de un contrato, de tal manera que si una persona accede a un servicio -de cualquier índole-, la compañía no tendrá el derecho a seguir contactándola.

Por lo mismo, Bravo llamó a tramitar con la mayor urgencia el proyecto, sobre todo considerando que se sancionará con multas de hasta 1.000 UTM ($66 millones) para quienes incumplan con la ley.

“Lamentablemente, algunas empresas traspasaron los límites de lo posible, por lo que se hace fundamental que comencemos a regular este asunto. Con esta ley, que esperamos sea aprobada, van a ser las propias personas quienes autoricen quiénes podrán contactarlas o no”, reiteró Bravo.