Diputada Marta Bravo busca reactivar proyecto que reconoce atentados contra funcionarios policiales y militares como violaciones a sus derechos humanos.

La parlamentaria por Ñuble señaló que la actual Constitución, el Informe Rettig y un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional indican que los efectivos de Carabineros y las FF.AA. también pueden sufrir vulneraciones a manos de personas o grupos particulares.

La diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo, anunció que durante la próxima semana buscará reactivar un proyecto de ley que la Bancada de la UDI presentó en junio del año 2021, y que apunta a modificar el Código Penal para que los ataques y atentados cometidos contra los funcionarios policiales y militares sí sean considerados como vulneraciones a sus derechos humanos (DD.HH).

Al respecto, y tras el cobarde homicidio cometido en contra de tres efectivos de Carabineros en la comuna de Cañete, la parlamentaria gremialista explicó que la iniciativa en cuestión establece que “si se comete un atentado contra la autoridad, prevaliéndose de una organización delictiva, terrorista o paramilitar, con fines políticos, se considerará contrario a los derechos humanos”, que es precisamente lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en la denominada Macrozona Sur.

Por lo mismo, y para justificar lo anterior, Bravo no sólo aludió a la condición humana de los efectivos, sino que también a la propia Constitución Política, que en su artículo N° 9 indica que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”. Asimismo, la diputada UDI recordó un informe emitido por la Biblioteca del Congreso, en el que se señala que “el Estado también puede ser responsable frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios, por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y, en tanto, no actúa para prevenir y proteger de un riesgo real e inmediato a las víctimas”.

“A partir del grave atentado cometido en contra de tres efectivos de carabineros durante el último fin de semana, y que se suma a los constantes ataques y agresiones que vienen sufriendo los funcionarios policiales, pareciera de toda lógica que no sólo reconozcamos, sino que incluso establezcamos en el Código Penal, que sus derechos humanos también pueden ser vulnerados cuando se producen atentados como el que se registró en Cañete. La propia Constitución así lo establece, al igual que un contundente informe de la Biblioteca del Congreso, de manera que sólo resta la voluntad política de todos los sectores para que así quede consagrado en la ley”, sostuvo.

En ese sentido, la representante del Distrito 19 incluso hizo referencia al Informe de Verdad y Reconciliación de 1991 -más conocido como Informe Rettig-, cuya comisión a cargo también estableció que las “violaciones a los derechos humanos no sólo (son) actos cometidos por agentes del Estado, sino que también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos”.

Así, y tras la conmoción que se generó a nivel nacional producto del homicidio de los tres efectivos de Carabineros en la Macrozona Sur, la parlamentaria por Ñuble reiteró que “hoy se justifica, mucho más que nunca, que podamos reconocer por ley que los funcionarios policiales y militares también pueden sufrir una vulneración de sus derechos humanos, sobre todo considerando que todos los atentados que constantemente reciben también repercuten en la sensación ciudadana”.

“Cuando se asesina de esta manera a tres carabineros, inmediatamente se ve afectada la sensación de seguridad que tienen los chilenos, atentando directamente con su tranquilidad. Por eso es que es muy importante que podamos avanzar con este proyecto de ley, porque hoy estamos más convencidos que nunca de que detrás de muchos ataques que han sufrido los funcionarios policiales, subyacen no sólo motivaciones criminales, sino que también políticas. Lamentablemente, se ha dado por sentado que ellos no pueden ver vulnerados sus derechos humanos, pero creemos que hay antecedentes más que suficientes que demuestran lo contrario”, insistió la diputada Marta Bravo.