Diputados Martínez y Bravo valoran que el Gobierno acogiera su propuesta de expulsar inmediatamente a los extranjeros condenados por ley de drogas.

Los representantes de Ñuble recordaron que, junto a la Bancada de la UDI, presentaron en julio de 2022 un proyecto de ley en los mismos términos, considerando el aumento de la población penal en el país y el gasto que desembolsa el Estado para mantener a un interno.

Los diputados por Ñuble, Cristóbal Martínez y Marta Bravo, valoraron que el Gobierno decidiera acoger -después de casi dos años- una propuesta que presentaron junto a la Bancada de la UDI en julio de 2022, para que todos los extranjeros condenados por microtráfico o tráfico de drogas (Ley 20.000) fueran expulsados inmediatamente del país, no sólo como una manera de descongestionar los recintos penitenciarios, sino que también para evitar que sigan delinquiendo desde las cárceles.

Al respecto, si bien ambos parlamentarios calificaron como “absolutamente tardía” la reacción del Ejecutivo, destacaron que “después de casi dos años por fin entendieran que estamos viviendo una grave crisis de seguridad, con consecuencias muy negativas para nuestro país”, por lo que se comprometieron a respaldar la iniciativa para que sea despachada por el Congreso a la brevedad.

“Pese a que se demoraron casi dos años en recoger nuestra propuesta, valoramos enormemente que el Gobierno se decidiera a expulsar a todos los extranjeros que están condenados por la ley de drogas. Hoy no sólo estamos viviendo un complejo escenario en materia de seguridad, sino que también tenemos una profunda crisis en el sistema carcelario, asociada precisamente al ingreso de los migrantes que llegaron a Chile con el único propósito de delinquir. Por lo tanto, era absolutamente pertinente avanzar en una medida de esta naturaleza”, sostuvieron los legisladores.

En esa línea, los representantes del Distrito 19 recordaron que -en promedio- el Estado desembolsa mensualmente entre $900 mil y un millón de pesos por cada reo, de manera que una expulsión masiva haría disminuir significativamente dicho gasto. Asimismo, indicaron que sólo entre los años 2016 y 2020, el número de extranjeros imputados por un delito en el país aumentó en un 355%, por lo que aseguró que “hoy, mucho más que nunca, se justifica que sean expulsados lo antes posible”.

De todas maneras, Martínez y Bravo llamaron al Gobierno a “ampliar” el catálogo de delitos por los cuales procederán a expulsar a los extranjeros irregulares, incluyendo también a los condenados por robo y hurto. Asimismo, solicitaron urgencia a otro proyecto que presentaron en la misma época, y que busca sustituir las penas de los simples delitos por la expulsión inmediata del territorio nacional.

Todo lo anterior -argumentaron los legisladores por Ñuble-, con la finalidad de “enfrentar, de una vez por todas, la grave crisis de seguridad que mantiene completamente atemorizado a los chilenos”.

“Lo que ahora necesitamos es que el Gobierno no se contente simplemente con expulsar a los extranjeros condenados por la Ley 20.000, sino que también incluya a quienes hayan participado en delitos como robo o hurto, porque no nos podemos dar el lujo de seguir manteniéndolos en nuestro país. La crisis de seguridad que vivimos debe estar en el primer lugar de las prioridades ciudadanas, y esperamos que las actuales autoridades así lo hayan entendido”, reafirmaron Martínez y Bravo.