Fiscalía, PDI y Gendarmería logran detención de funcionario penitenciario que traficaba drogas a internos de cárcel de Chillán

En prisión preventiva quedó un gendarme del penal de Chillán, formalizado por tráfico ilícito de drogas, cohecho reiterado y el ingreso de celulares al recinto penitenciario para uso de internos. El Juzgado de Garantía de Chillán decretó que el imputado, identificado con las iniciales J.A.S.L., no sea nombrado públicamente. El funcionario, con 24 años de servicio en Gendarmería, fue detenido tras una investigación liderada por la Fiscalía de Ñuble y la Brigada Antinarcóticos de la PDI.

La investigación, que comenzó en abril de este año, reveló que el gendarme recibía droga y celulares de familiares de internos con quienes se reunía fuera del penal. En su casillero se encontraron 5 teléfonos celulares, 16 comprimidos de clonazepam, 25 de éxtasis, 21,65 gramos de cocaína, 68,28 gramos de marihuana y $448.000 en efectivo. En su vehículo se hallaron otros 6,07 gramos de cocaína.

El jefe de la Brianco, subprefecto Jonathan Silva, explicó que la operación, denominada “El Patio del Poder”, permitió detectar dos estructuras criminales dentro del penal que operaban en coordinación con personas en libertad, utilizando al gendarme para ingresar sustancias ilícitas. Silva detalló que el funcionario recibía pagos por estos actos ilícitos.

Como parte de estas diligencias, una mujer, identificada como S.B.J.P., fue también detenida y quedó en prisión preventiva. Se le formalizó por tráfico de drogas, ya que se le incautó pasta base.

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, destacó que el imputado integraba una asociación para delinquir, era funcionario público y cometió los delitos en un recinto penitenciario, lo que agrava su responsabilidad. Añadió que la investigación incluye a cinco internos del penal de Chillán, quienes serán formalizados en una audiencia el 17 de enero próximo.

El Director Regional de Gendarmería, coronel Mario Palavecinos, aseguró que el gendarme será desvinculado de la institución, destacando que su conducta no refleja el trabajo comprometido de miles de funcionarios penitenciarios en el país.

La investigación continuará por un plazo de cuatro meses, con el objetivo de esclarecer completamente las operaciones de esta organización criminal.