Nueva Ley de Adopción en Chile pone foco en derechos de niños y niñas y elimina prejuicios sobre las familias
Tras 12 años de tramitación en el Congreso, Chile tiene una nueva Ley de Adopción que reemplaza la normativa vigente desde 1999. La ceremonia fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric junto a ministros y autoridades, además de familias adoptivas, organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios que impulsaron el proyecto.
“Esta Ley pone en el centro de los procedimientos de adopción el derecho de los niños a vivir en familia”, dijo Boric, quien también destacó que se termina con los prejuicios sobre las formas de familia.
El eje de la nueva normativa es el interés superior de niños, niñas y adolescentes, creando un sistema unificado que integra las etapas de protección, adoptabilidad y adopción. Se incluyen nuevos derechos como el de ser oídos, conocer sus orígenes y mantener vínculo con su familia de origen si es pertinente. Además, cada niño o niña tendrá representación jurídica especializada.
El amor como base, no el tipo de familia
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó que el cambio es profundo: “Lo que se evalúa no es el tipo de familia, sino su capacidad de cuidar, amar y sostener”.
La nueva ley elimina criterios discriminatorios en la selección de familias adoptantes. Ahora pueden postular personas solteras, convivientes o matrimonios en igualdad de condiciones.
También se obliga a intervenir previamente con la familia biológica antes de declarar la adoptabilidad, con un plazo máximo de 12 meses, privilegiando el retorno al entorno familiar cuando sea posible.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró que la ley agiliza los plazos y consagra el derecho de los niños a ser oídos. Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, anunció que las familias adoptantes tendrán los mismos derechos laborales que las biológicas, incluyendo postnatal, fuero, permisos y flexibilidad horaria.
La ley también permite mantener vínculos post adoptivos con personas significativas y refuerza la fiscalización y sanción ante prácticas irregulares, además de fijar reglas claras para la adopción internacional.