Senador Sanhueza y diputada Bravo llaman a modernizar sociedad conyugal y terminar con desigualdades que afectan a las mujeres en el matrimonio.

Los parlamentarios por la Región de Ñuble explicaron que el actual régimen -que data de 1857- sólo le entrega la administración económica y patrimonial de los bienes a los hombres, por lo que pidieron avanzar en un proyecto de ley que fue presentado hace más de diez años.

Con el objetivo de ir terminando con las brechas y desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres, el senador por la Región de Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), junto a la diputada Marta Bravo (UDI), llamaron al Congreso Nacional a despachar de forma definitiva un proyecto de ley que fue ingresado el año 2011, y que tiene por objetivo modificar el régimen de sociedad conyugal, que actualmente le entrega la administración económica y patrimonial del matrimonio sólo al marido.

Al respecto, y junto con calificar dicho régimen como “discriminatorio”, dado que la actual normativa -que data de 1857- incluso declara como “incapaz” a las mujeres para administrar la sociedad conyugal, los parlamentarios explicaron que la modernización que proponen busca consagrar la plena igualdad de ambas personas, además de reconocer las competencias de las mujeres y establecer como “coadministradores” a los dos si es que no se solicita al contraer un matrimonio.

“La sociedad conyugal, tal como está redactada actualmente, configura una de las desigualdades más simbólicas que tenemos en nuestro país, porque afecta a miles de mujeres al reconocerlas como ‘incapaces’ para administrar el patrimonio de una familia. Por ejemplo, bajo el actual sistema, si una mujer recibe una propiedad o un terreno en herencia, tendría que pedir la autorización de su marido si es que quiere venderlo, de lo contrario debería recurrir a la justicia, con todo el gasto que ello implica. Ese es el nivel de desigualdad de la que estamos hablando, y que nos obliga a modernizar el actual régimen que opera en el país”, señalaron los representantes de Ñuble, quienes incluso explicaron que la sociedad conyugal opera por defecto si no se opta por otro régimen patrimonial.

Por lo mismo, Sanhueza y Bravo llamaron al resto de los parlamentarios del país a comprometerse con sacar adelante la iniciativa -que retomó su discusión en mayo de este año-, considerando que sólo entre 2020 y 2021 el gobierno de turno ingresó más de diez urgencias al proyecto, pero que sin embargo resultó ser insuficiente “debido a la resistencia de muchos sectores a modificar esta ley”.

“Es inentendible que hayan transcurrido más de doce años sin poder modernizar un régimen que busca eliminar las brechas que existen entre los cónyuges, otorgándoles plena igualdad de derechos y de deberes, tal como lo establece nuestra Constitución. Por eso es que desde la comisión de Mujeres quisimos retomar su análisis, y esperamos llegar a buen puerto, donde ambos cónyuges, indistintamente, puedan administrar el patrimonio de una familia”, manifestaron los gremialistas, quienes finalmente reiteraron su compromiso con despachar cuanto antes la iniciativa.

“Es muy importante avanzar y modificar la ley por un régimen patrimonial de la sociedad conyugal, para así establecer la plena igualdad entre los cónyuges en lo que se refiere a la administración de los bienes sociales, como también reconocer, en forma efectiva, la total capacidad de la mujer para la administración de sus bienes”, insistió el senador Gustavo Sanhueza y la diputada Marta Bravo.