Diputado Frank Sauerbaum: urge nueva Ley de Responsabilidad Juvenil para frenar uso de adolescentes en delitos violentos
Durante los últimos años, Chile ha experimentado un alza sostenida en los delitos de alta connotación social cometidos por adolescentes, así como también un incremento en el uso de armas para estos fines. Solo en 2024 se registraron 40.069 causas por delitos cometidos por menores, una cifra que preocupa por su magnitud y tendencia al alza.
En nuestro ordenamiento jurídico, los adolescentes están sometidos a un sistema de responsabilidad penal especial, regulado por la Ley N°20.084, que hace imputables a jóvenes entre 14 y 17 años. Este sistema es en general más benigno que el de los adultos: contempla sanciones más bajas, privilegia el cumplimiento en libertad y permite mecanismos como la sustitución o remisión de penas. Además, carece de sanciones efectivas ante fugas o incumplimientos en internaciones cerradas. Todo esto ha terminado siendo un incentivo para que se cometan más delitos y con mayor violencia, como “portonazos”, robos con violencia y homicidios.
En la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto de ley impulsado por nuestra bancada que en los hechos constituye la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil, un paso clave en la estrategia nacional contra la delincuencia y el uso de adolescentes por parte del crimen organizado. Esta iniciativa, que ahora avanza al Senado, busca equilibrar dos principios: la protección de los jóvenes y la necesidad de enfrentar con firmeza los delitos graves.
El proyecto diferencia según la gravedad de los ilícitos: se fortalecen programas de reinserción y medidas socioeducativas para infracciones menores, mientras que se endurecen sanciones para crímenes graves como homicidio, violación o participación en bandas criminales. También se establece mayor coordinación entre Sename, tribunales y organismos de seguridad, garantizando un seguimiento real de los jóvenes infractores.
Otro eje es la creación de unidades especiales de reinserción con foco en educación, capacitación laboral y tratamiento de adicciones, considerando que muchos adolescentes provienen de contextos de alta vulnerabilidad. Asimismo, se incorpora un agravante específico para adultos que recluten o utilicen a menores en delitos, aumentando significativamente sus penas.
Con esta reforma enviamos una señal clara: la explotación de jóvenes por bandas criminales no será tolerada. Chile necesita respuestas firmes frente al crimen organizado, pero también oportunidades reales para que los adolescentes construyan un futuro lejos de la violencia.
