Frank Sauerbaum propone alternativas para reformar la estructura de las contribuciones
El impuesto territorial —conocido comúnmente como contribuciones— ha vuelto al centro del debate. Esta vez, por los criterios utilizados para calcular el avalúo fiscal de las propiedades. Y aunque se trata de un impuesto impopular, la literatura económica lo considera eficiente en términos de recaudación, ya que genera menor distorsión que otros tributos. Sin embargo, eso no impide que su estructura actual deba ser reformada.
Uno de los principales problemas del impuesto territorial en Chile es su carácter patrimonial. El cobro se realiza en base al avalúo fiscal, sin considerar la capacidad real de pago de los contribuyentes. Esto ha llevado a que muchas personas, especialmente adultos mayores, se vean forzadas a abandonar sus viviendas porque no pueden seguir pagando las contribuciones.
A esto se suma la falta de transparencia en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina los avalúos. El hecho de que el mismo organismo que fija la base del impuesto también se encargue de recaudarlo, genera desconfianza y una sensación de injusticia.
Dado que las contribuciones benefician directamente a los municipios, una alternativa sería desvincular este cobro del valor del inmueble y asociarlo a los bienes y servicios municipales que se entregan a la comunidad. En otras palabras, que las contribuciones funcionen como un «gasto común», definido por cada municipio según sus necesidades reales, y que este establezca tasas y exenciones de manera más equitativa.
Este enfoque también evitaría la actual doble tributación: primero se pagan impuestos por las rentas cuando se generan, y luego sobre el patrimonio que esas rentas permitieron formar.
Reconozco que una transformación tan profunda no se logrará a corto plazo. Por eso, propongo avanzar hacia una reforma más realista, que corrija los abusos del sistema actual sin eliminarlo. Entre otras medidas, esto incluye:
Transparentar el mecanismo de reavalúo.
Eliminar la discrecionalidad en la fijación de avalúos.
Establecer un tope de pago del 3% de los ingresos anuales del contribuyente, especialmente para quienes viven en la propiedad y perciben una pensión.
No se trata de eliminar el impuesto, sino de hacerlo más justo, proporcional y sostenible. Las contribuciones no pueden seguir castigando a quienes han trabajado toda su vida para tener una vivienda. El Estado debe garantizar que los impuestos no se conviertan en un mecanismo de expulsión silenciosa de nuestros barrios.
